El 11 de diciembre de 2018 tres agentes de la Policía Nacional y una funcionaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares con una orden judicial para exigir a la periodista Blanca Pou toda la documentación relacionada con un caso de corrupción sobre el que había publicado algunas informaciones.
A pesar de la negativa de la periodista, y amparándose en el mandato judicial, las autoridades se llevaron el teléfono personal de Pou, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel.
